Estoy participando en una comisión que discute medidas de apoyo para un determinado tipo de asociaciones de educación en el tiempo libre, aquellas que se basan exclusivamente – o casi – en el trabajo voluntario de sus miembros, normalmente personas jóvenes.
En estos debates suele aparecer tarde o temprano una antinomia clásica en el mundo del voluntariado. Me refiero a la antinomia deber de servir versus el derecho al trabajo voluntario.  
El deber de servir supedita el trabajo voluntario a la causa: la persona voluntaria no puede hacer lo que se le antoja, ni lo que más le gusta ni lo que más le divierte, sinó que debe centrarse en lo más necesario. Es decir, debe apartar la mirada de su ombligo, situando la responsabilidad social por encima de su iniciativa personal.
Sin embargo, para la madurez de nuestra democracia, es importante el derecho al trabajo voluntario, es decir, el derecho a tener iniciativa, comprometerse con la sociedad y aportar alguna cosa en su mejora. Mirar hacia este polo de la antinomia representa contemplar el aspecto subjetivo y en sí mismo valioso del compromiso voluntario. Es la otra cara de la moneda.
En el caso de las asociaciones de voluntariado cuya misión es la educación en el tiempo libre de niños y niñas, creo que esta antinomia debe tratarse con especial cuidado. Es necesario y valioso que los monitores se sientan protagonistas, imaginen, sean  creativos, decidan lo que la asociación debe y no debe hacer. Pero en tanto en cuanto los destinatarios son menores de edad, esta iniciativa  no puede ser un valor absoluto, sino que debe combinarse adecuadamente con la responsabilidad.
Por poner un ejemplo, el hecho de que el trabajo de los monitores sea voluntario no debería ser una coartada para justificar actividades o proyectos de poca calidad, o que pusieran en riesgo a los niños y niñas.
Las antinomias están para reconocerlas y, si es posible, encontrar el punto de equilibrio, de sintesis o de combinatoria. En cualquier caso, la formación de los educadores en el tiempo libre debe identificarlas y afrontarlas.
Y puesto que la iniciativa ciudadana es un valor irrenunciable en nuestro concepto de  democracia, cualifiquémosla con la dosis correspondiente de responsabilidad. Las medidas de apoyo a este tipo de asociaciones deberían inspirarse en el estímulo a la iniciativa y la exigencia de responsabilidad.